EL FINANCIERO
Sánchez Cordero responsabiliza a la Secretaría de la Función Pública por omisión en su declaración
Redacción.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, responsabilizó este miércoles a la Secretaría de la Función Pública por la omisión de un penthouse de su declaración patrimonial, propiedad señalada en una nota publicada por el diario Reforma. El medio publicó este miércoles que la titular de la Secretaría de Gobernación no incluyó en su declaración patrimonial un penthouse en Houston, Texas, con un valor de 583 mil 646 dólares.
"El día 30 de enero giré el oficio (de la declaración patrimonial) al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Fernando Martínez, donde solicité hacer pública mi información y datos patrimoniales y de intereses, donde se incluía esta propiedad que saca el periódico Reforma que adquirí junto con mi esposo en el año 2009", dijo Cordero.
Ante eso, la secretaria de Gobernación pidió al diario que solicite a la dirección las razones por las cuales se omitió la información sobre este penthouse pues "yo di la instrucción de que se publicara". El medio publicó este miércoles que la titular de la Secretaría de Gobernación omitió de su declaración patrimonial un penthouse en Houston, Texas, con un valor de 583 mil 646 dólares.
"Solicito que el periódico Reforma haga esta aclaración una vez que pregunten el porqué el director general (de la oficina) de Responsabilidades y Situación Patrimonial no hizo públicos todos mis bienes". En la declaración presentada la semana pasada, Cordero declaró ser dueña de un "Terreno rústico", con un valor de 90 millones de pesos, y un departamento de 2 millones 711 mil 961 pesos.
Además señaló que percibe un salario mensual de 120 mil 583 pesos por cargo público, 228 mil 78 pesos por concepto de "otros", lo que da un total de 348 mil 661 pesos. La funcionaria no proporcionó información de vehículos ni bienes muebles a su nombre. Por otra parte, Cordero afirmó estar bien de salud y en óptimas condiciones, "por si alguien me ha enfermado varias veces".
MILENIO
Detectan desvío de recursos en programa de estancias infantiles
Elia Castillo.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, advirtió que han detectado desvío de recursos en el presupuesto destinado al programa de estancias infantiles, por lo que presentarán una propuesta para garantizar la atención de todos los niños, aseguró el presidente de la instancia legislativa, Alfonso Ramírez Cuellar. En conferencia de prensa el legislador de Morena detalló que, en las últimas dos semanas, la Comisión que preside y las Secretaría de Bienestar y Educación han analizado la problemática sobre los recursos a estancias infantiles y trabajan en una propuesta para garantizar la atención a niños y madres de familia, pero bajo un esquema diferente al de anteriores administraciones para evitar el desvío de recursos, podrían presentarla la siguiente semana.
’Desde hace dos semanas el tema de las estancias infantiles ha sido motivo de reuniones tanto con la Secretaría de Educación Pública como de la Secretaría del Bienestar nosotros como parte de la Comisión de Presupuesto se está haciendo una revisión sobre todo por todos los problemas de desvío de recursos, una pesada carga de intermediación de administraciones. Pero también con la firme determinación y con la decisión completa desde el Ejecutivo y desde el Legislativo del fortalecimiento de este sistema de un esquema mucho más consolidado en materia de estancias infantiles’, sostuvo.
Lo anterior, luego de las protestas en Palacio Nacional a las que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador respondió que, aunque amenacen con que van a tomar todas las oficinas, el gobierno no cederá y mantendrá la entrega de apoyos sociales de manera directa a los beneficiarios y sin intermediarios. El primer mandatario también señaló que detrás de la demanda de estancias infantiles en el país está el Partido Acción Nacional (PAN), en este sentido López Obrador aseguró que se busca un mecanismo para apoyar a las madres en el cuidado de sus hijos, pero debe quedar claro que en el actual gobierno no se entregará dinero a ninguna organización social o de la sociedad civil como antes sucedía.
LA JORNADA
Parálisis en varias áreas del gobierno por el recorte de personal
Redacción.- Los despidos en el gobierno federal no terminan, y numerosos empleados aguardan hacia finales de este mes la definición de su suerte laboral. En todas las secretarías hay oficinas donde incluso no se ha realizado el obligado proceso de entrega-recepción de la administración pasada y en otras, por la incertidumbre sobre la permanencia de algunos programas, hay servidores públicos sin materia de trabajo.
Por ejemplo, los 500 trabajadores de Prospera en Veracruz no laboran desde hace dos meses. Su universo de acción son las 600 mil familias beneficiarias del programa en esa entidad –la mayor en cobertura junto con Chiapas– desplegado por la Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar. Sus salarios son de alrededor de 8 mil pesos mensuales, más viáticos.
Esta dependencia es un caso emblemático de cómo el nuevo gobierno ha hecho tabla rasa de estructuras y oficinas enteras sin analizar el perfil de puestos y el desempeño de quienes los ocupaban.
Lo mismo ocurre en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En ambas dependencias al personal contratado por honorarios y cuya vigencia terminó el 30 de noviembre ya no se le renovó el vínculo laboral sin importar su experiencia o eficiencia. Esto –se calcula– ha derivado en la salida de una tercera parte de esos servidores públicos cuyo nombramiento muchos habían obtenido vía el servicio profesional de carrera.
El recorte de técnicos especializados en temas de política social ha ocasionado que, por ejemplo, en el Diario Oficial de la Federación hayan aparecido erratas frecuentes en documentos de esta secretaría, como las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores del pasado 30 de enero, y donde la publicación ubica su vigencia para el ’ejercicio fiscal 2018’.
Por lo general a inicios de cada año, y en tanto se liberaban los recursos presupuestales, en varios programas sociales se detenía su aplicación operativa y se aprovechaba el tiempo para el trabajo prospectivo, aunque no había suspensión en la entrega de fondos. Esta vez, con el nuevo gobierno, entre el rediseño de las estrategias, la elaboración de censos y el recorte de personal, la parálisis en numerosas áreas es evidente.
En la Semarnat, y de acuerdo con su directorio, todavía faltan nombramientos como el del subsecretario de Fomento. Y hay direcciones, como la de Industria, cuyo personal se redujo a dos personas, mientras en la de Energía y Actividades Extractivas sólo quedó una.
En la propia Presidencia de la República, la oficina encargada de medios internacionales de la coordinación de Comunicación Social no ha sido entregada a la nueva administración, pues no hay todavía quién la reciba. Y desde diciembre hay una persona aguardando para hacer esta gestión.
En la Secretaría de Educación Pública (SEP), expertos en temas educativos, asesores, pedagogos, demógrafos, responsables de áreas de comunicación, abogados, contadores y demás, en labores administrativas –de confianza y eventuales–, no fueron recontratados.
Organismos desconcentrados y autónomos del sector educativo enfrentan el mismo escenario: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación entre diciembre y enero despidió a 379 trabajadores, 40 por ciento de su planta laboral, y en proporción similar están el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y en el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa.
Esteban Moctezuma, titular de la SEP, confirmó que el adelgazamiento de la estructura de personal de confianza y por honorarios alcanzó a 30 por ciento en esa dependencia. A esta secretaría corresponde la obligación de atender 36.6 millones de alumnos y cuenta con 1.8 millones de trabajadores.
Personal de la SEP –a condición de anonimato– lamentó que en la mayoría de las subsecretarías –básica, media superior y superior– ’no hubo interés en conservar a los equipos de expertos que venían trabajando desde hace por lo menos dos administraciones y con experiencia y conocimiento del sistema educativo, el cual es complejo no sólo por su tamaño, sino por la diversidad de subsistemas y la normatividad que lo rige’’.
Asimismo, en la Secretaría de Gobernación el recorte de personal alcanza hasta ahora al menos 2 mil plazas, equivalente a 30 por ciento de la plantilla del sector central. La medida, denunciaron trabajadores afectados, se tomó ’a rajatabla’.
En diciembre, a petición de la titular, Olga Sánchez, el entonces titular de Administración y Finanzas, Juan Manuel Flores –se desconocen las razones de su dimisión hace tres semanas– dijo que se eliminarían siete unidades (de 21 existentes en 2018), 24 direcciones generales (de 55) y 84 direcciones adjuntas (de 153); las direcciones de área quedarían en 214 (de 411) y de seis subsecretarías permanecen sólo tres.
En la dirección de Normatividad de Medios quedó una magra nómina y se despidió a analistas en materia legal y encargados de la programación de pautas. Lo mismo se advierte en Radio, Televisión y Cinematografía, en Juegos y Sorteos, en Comunicación Social y en Enlace Legislativo, entre otras.
Frente a la posibilidad de despido, un centenar de trabajadores de Enlace Legislativo –operativos no basificados, pero que no alcanzan nivel ni salario medio– solicitó su incorporación al sindicato de Gobernación. Este bloque de empleados es uno de los más afectados, pues sus ingresos están congelados desde hace una década.
Finalmente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la poda de personal fue sobre embajadores y cónsules que obtuvieron un nombramiento político durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
