Este día el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, se reunió con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, quien expuso los planes de la compañía para invertir hasta cinco mil millones de dólares en el país durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La inversión contempla nuevas centrales de generación, tanto a gas como renovables, durante el periodo 2019-2024; para este año la compañía iniciará la construcción de tres nuevas plantas: un ciclo combinado en Tuxpan, Veracruz; una cogeneración en San Juan del Río, Querétaro y un parque fotovoltaico en el estado de Puebla, que suman una inversión total de mil millones dólares y una potencia instalada de mil 500 megavatios.
En la etapa de operación de estas plantas se crearán 450 puestos de trabajo directos, dos mil 500 indirectos, la firma española calcula que, para llevar a cabo estos nuevos proyectos, realizará compras a la industria mexicana por más de tres mil millones de dólares; asimismo se incorporarán más de 100 jóvenes becarios del programa federal "Jovenes Contruyendo el Futuro".
En información publicada en 2015 por el diario español, El País, Iberdrola fue multada con 25 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España por haberse encontrado manipulación del precio de la energía eléctrica en 2013, según la Ley del Sector Eléctrico de ese país, esa actuación de Iberdrola se determina como infracción “muy grave” al considerarla una manipulación fraudulenta que alteró el precio de la energía eléctrica o la medición de las cantidades suministradas.
Pero ese caso no fue el único, en marzo de 2007, la Comisión Nacional de la Competencia del país ibérico, multó a la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán con 38,7 millones de euros por diversos abusos entre 2002 y 2003 al ofrecer precios muy elevados; en 2009 recibió una sanción de 15 millones por haber negado el acceso al Sistema de Información de Puntos de Suministro a sus competidores, y en 2012 también fue sancionada con 10,6 millones por competencia desleal al traspasar clientes entre sus comercializadoras.
Además, se vio envuelta en un escándalo de conflicto de intereses en las comunidades de Castilla y León, la Agencia Tributaria denunció a la Fiscalía Anticorrupción de España, el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos por parte de varias empresas a funcionarios públicos, la mayor una transacción entre Iberdrola y San Cayetano Wind a un alto cargo por 47.1 millones de euros.
