El Congreso de Hidalgo avaló las reformas constitucionales para agregar a la lista de delitos con extinción de dominio la corrupción, faltas cometidas por servidores públicos así como de robo de hidrocarburo y petrolíferos, lo que podría salpicar los intereses de muchos funcionarios que se han vuelto ricos de la noche a la mañana, particularmente del Grupo Hidalgo.
La medida sería tomada a partir de que un funcionario resulte culpable de un proceso y tras el cual, no pueda acreditar que sus bienes fueron adquiridos de forma legal.
Durante sesión extraordinaria los diputados de todas las fracciones respaldaron la propuesta enviada por el Congreso de la Unión que reforma los artículos 22 y 73 de la carta magna, misma que desde diciembre se encontraba autorizada por el legislativo federal.
Los cambios son con el objetivo de afectar las finanzas de criminales a quienes podrán quitarles los bienes que obtuvieron a través de actividades ilícitas.
Las reformas se aprobaron en diciembre pasado en la Cámara de Diputados federal por lo que ahora la mitad de Congresos locales deberán avalarlas para que entren en vigor, situación que Hidalgo ya dio cumplimento.