"La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos..."
Mtro Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión de Derechos Humanos CNDH
Los primeros días de 2019 han puesto en evidencia diversos aspectos de la problemática que enfrenta nuestro país en materia de seguridad y justicia, que por sí mismos dejan en claro que, la propuesta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo. En medio de una época en la que el discurso parecería regir la percepción pública, la responsabilidad y debido desempeño de la función legislativa tendría que atender a hechos y realidades para orientar su rumbo, si de verdad aspira a ser efectiva y servir a la sociedad.
El número de homicidios registrados, la diversificación y alcances de las actividades que lleva a cabo el crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida, los ataques en contra de periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos, los linchamientos, así como la magnitud y respuesta limitada que hasta la fecha se ha dado al problema de las desapariciones, son tan sólo algunos de los elementos que, habiendo adquirido relevancia en la opinión pública, nos reiteran la necesidad de abordar la crisis que México vive en materia de violencia e inseguridad, bajo un enfoque integral, que atienda con una estrategia real los distintos aspectos de la problemática que se presenta y no se limite al replanteamiento de un cuerpo reactivo de carácter y naturaleza preponderantemente militar, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva oficiosa.
Como lo hemos señalado de manera reiterada, la iniciativa de reforma Constitucional no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma. No hay una metodología que pudiera avalar la información en que se fundamenta, ni registro de aquella que se consideró relevante para tal efecto. Bastaría un somero análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de impunidad en nuestro país, para advertir que por mejor capacitado y equipado que esté un cuerpo que asuma funciones policiales, su repercusión práctica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia será mínima, en tanto la ley no se aplique y los delitos no se investiguen de manera debida, oportuna y profesional. En su concepción actual, la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad, sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo. Si no abordamos temas como la operación y autonomía de las Fiscalías Generales, es decir, 33. Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acude por tercera vez en los últimos tres meses, ante una instancia del Poder Legislativo, para exponer sus argumentos respecto del proyecto de reforma constitucional que busca replantear la organización, funciones y características de la Guardia Nacional. Nuestros planteamientos ya se han expresado y entregado a esta Soberanía, al igual que los de diversos expertos, académicos, organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales vinculados al ámbito de los derechos humanos que también han acudido a los espacios a que se nos ha convocado para expresar sus opiniones, las cuales, en su mayoría han coincidido en que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.
De aprobarse la reforma que se plantea, se estarían desconociendo e incumpliendo con tales obligaciones, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar esta Soberanía. En todo caso, como lo hemos expresado, un paso previo a la reforma que se plantea podría ser que el Estado Mexicano solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional, con el régimen iberoamericano de derechos humanos. Después de los espacios previos que se han abierto para expresar opiniones sobre la iniciativa de reforma, preocupa que los ajustes hechos no sean suficientes para fortalecer la institucionalidad civil, acotar la participación de las Fuerzas Armadas, y brindar certeza sobre los tiempos y términos para ello. Desafortunadamente, pareciera que seguimos preservando prácticas o tendencias que en el pasado afectaron nuestra institucionalidad y demoraron la atención efectiva de nuestros problemas, al escuchar, pero no tomar en consideración, las opiniones de expertos e instancias nacionales e internacionales.
De igual forma, preocupa qué, de manera adicional al contenido de la reforma constitucional planteada, se esté proponiendo, como una consecuencia necesaria o vinculada a la misma, el expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas, no sólo al ámbito de la seguridad pública, sino al económico, al concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, al margen de cualquier consideración o fundamento legal, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias del país, así como para adquirir bienes y contratar servicios, aún en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional. Lo anterior, lo hemos dicho y lo reiteramos, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, lo dije en ocasión pasada, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil.
Si la intención es generar un marco jurídico que sustente y encuadre de mejor forma la actuación temporal y extraordinaria de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas, dando certidumbre tanto a los elementos militares como a la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, deberíamos de emprender directamente el desarrollo de esa tarea. Si la iniciativa parte de la necesidad de atender una situación excepcional de violencia e inseguridad que pone en peligro a la sociedad, porqué optar por una reforma constitucional como la que se plantea y seguir dejando de lado la reglamentación pendiente del artículo 29 constitucional, que acotaría dichas condiciones de excepción y necesariamente se tendría que llevar a cabo conforme a estándares internacionales.
Proponemos el establecimiento inmediato de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Eventualmente, esta estrategia podría implicar la creación y consolidación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.
La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia. Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero se omite establecer claramente una ruta en sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, además de implicar un riesgo elevado de que se verifiquen potenciales violaciones a los derechos humanos.
