La madrugada del domingo 7 de enero de 2018 se celebraba un baile tradicional en la comunidad de La Concepción, uno de los poblados náhuas del municipio de Acapulco, Guerrero, que se han opuesto desde 2003 a la imposición de la presa hidroeléctrica La Parota en el cauce del río Papagayo. Y, de pronto, en un ambiente polarizado y tenso entorno a la obra, comenzaron los balazos.
Hubo ocho muertos durante el enfrentamiento entre autoridades de la comisaría municipal, ’cooptadas’ por grupos externos políticos y empresariales afínes a la construcción de la obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y miembros de la Policía Comunitaria, que se coordina con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), dijo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan.
El CECOP se formó hace 16 años por los comuneros y campesinos del núcleo agrario Cacahuatepec, del municipio de Acapulco, y cercanos como Juan R. Escudero, San Marcos y Tecoanapa, en Guerrero.
Horas después del choque, arribó a La Concepción un operativo de la Policía municipal y estatal del Gobierno del priista Héctor Astudillo Flores en el que ’se hizo uso excesivo de la fuerza’, documentó el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Tres campesinos fueron ejecutados, 25 detenidos arbitrariamente y otros ocho torturados. También catearon casas. Algunos fueron liberados a lo largo del proceso, pero 16 defensores comunitarios miembros del CECOP siguen presos. Este mes inició su juicio oral en Acapulco y pronto se emitirá la sentencia.
’Todos ellos son campesinos pobres, pequeños agricultores que siembran maíz o frijol. Muy pocos tienen más de dos parcelas. Viven del trabajo de campo y del río Papagayo, y no van a permitir que los desplacen por un megaproyecto’, afirmó Barrera, director del Centro Tlachinollan, parte de la defensa legal de los presos.
’Esto ha dividido a las comunidades entre el grupo que apoya a la presa directa o indirectamente, porque les dan trabajo o son simpatizantes de las inversiones de empresarios y de la CFE, y los opositores. Se ha fragmentado el tejido social’, explicó.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) detectó durante el operativo ’actos de tortura y malos tratos, fabricación de pruebas en contra de detenidos, allanamientos sin orden judicial y condiciones indignas de detención’, por lo que llamó a realizar una investigación que no se ha realizado.
Más de un año después, más de 40 organizaciones civiles piden al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador la liberación inmediata de los 16 detenidos con irregularidades documentadas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, reveló que a la fecha han liberado a 31 presos políticos y continúan analizando 538 casos donde consideran que hubo elementos de injusticia.
“Ha habido comunicación con la subsecretaría de Derechos Humanos. Los familiares hicieron llegar a sus oficinas los nombres de las personas. También a la Senadora Nestora Salgado”, dijo Abel Barrera del Centro Tlachinollan. Pero el juicio oral sigue y la sentencia se aproxima.
Las organizaciones también exigen cesar el patrón de usar al sistema de justicia para criminalizar a los defensores de territorio, y respetar el derecho universal a la consulta libre, previa, informada, culturalmente apropiada y de buena fe de las comunidades indígenas.
“Es tiempo de que el Gobierno cambie de actitud frente a los movimientos sociales: en vez de criminalizar a los defensores del territorio, debería entablar un diálogo para escuchar la voz de los pueblos originarios en todos los proyectos de desarrollo que los pueden afectar”, plantearon, entre otras, Advocacy For Human Rights in the Americas (WOLA), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Serapaz, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y otros.
No obstante, en una reunión de mayo de tres días, un grupo de otras comunidades y organizaciones coincidieron en que “las declaraciones del Gobierno implican que los proyectos energéticos y extractivos continuarán, sin tomar en cuenta el rechazo de los pueblos a ser despojados de sus territorios, de sus bienes comunes y de su futuro”.
Los principales proyectos de este gobierno, el Corredor Transístmico, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, “afectarán a pueblos originarios y provocarán considerables impactos ambientales”, concluyeron organismos como el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Guardianes del Mar, Colectivo de Semillas, Consejo Ciudadano Rural y otros.
PIDEN NEUTRALIDAD EN JUICIO
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) del Gobierno del ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), dirigida por Alfredo Elías Ayub, intentó hace 16 años instalar con asambleas la presa La Parota sin consulta libre, previa e informada en el cauce del río Papagayo, en la región de Acapulco y la Costa Chica, donde se ha consolidado el sistema de la Policía Comunitaria basado en los sistemas normativos de los pueblos indígenas, frente a la violencia generada por las organizaciones criminales.
El megaproyecto inundaría 13 poblados y desplazaría a 20 mil habitantes en su mayoría agrícolas, según la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. La CFE, documentó, pretendía pagar por los terrenos que se requieren para la construcción de la presa 70 centavos el metro cuadrado.
La obra fue suspendida en 2010. Pero los 16 defensores del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), detenidos arbitrariamente en enero del año pasado, enfrentan desde el lunes 3 de junio el juicio oral en el Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, Guerrero. Estaba planeado para comenzar el 22 de mayo, pero se aplazó.
“La acusación contra los defensores del CECOP se sustenta únicamente en pruebas amañadas y recaudadas de manera ilegal, bajo un marco de tortura y de incomunicación, mismas que al garantizar el debido proceso deberían de ser invalidadas por el Tribunal judicial, y por ende, los integrantes del CECOP deberían ser liberados”, expone el comunicado conjunto de las más de 40 organizaciones civiles.
Los 16 acusados han negado haber cometido el homicidio calificado del que se les acusa y denuncian que es en represalia por su acción por el respeto de sus derechos al territorio.
Se trata de Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago.
En 2014, el defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del CECOP, fue detenido y llevado al penal de máximo seguridad en Tepic, Nayarit. Si bien fue liberado en agosto de 2015, fue uno de los detenidos de aquel 7 de enero de 2018.
Las organizaciones exhortaron al Tribunal de enjuiciamiento penal a que resuelva conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos.
“Como organizaciones civiles y sociales estaremos atentas de los resultados de la audiencia, a fin de que las víctimas obtengan justicia verdadera y los defensores comunitarios inocentes no sean criminalizados”, advirtieron.
DUDAS ENTORNO AL NUEVO GOBIERNO
A inicios de mayo, integrantes de 60 comunidades de 20 pueblos originario de 24 estados del país coincidieron en una reunión que el actual Gobierno federal emite “signos ambiguos” entorno a que respetará sus territorios y bienes naturales, esto basados en las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre concesiones mineras, gasoductos, la termoeléctrica en Morelos y por las consultas ciudadanas sobre los proyectos de infraestructura ajenas a una consulta libre, previa e informada.
“Una de las prioridades del Gobierno es la soberanía energética, a través del fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero esta prioridad se coloca por encima de los derechos indígenas”, advirtieron.
En los sexenios anteriores, recordaron, las corporaciones mineras, petroleras y de gas, las generadoras de electricidad a partir de presas hidroeléctricas, termoeléctricas, generadores eólicos y fotovoltaicos, y otros megaproyectos, invadieron con violencia comunidades e intentaron despojos de tierras y bienes naturales, frente a las luchas de años de los poblados.
El Presidente López Obrador, enfatizaron, ha declarado que no dará más concesiones mineras, pero también que no cancelará ninguna de las existentes vigentes por hasta 50 años.
Además, que haya incumplido su promesa de cancelar la termoeléctrica de Huexca, “desembocó” en el asesinato del activista Samir Flores, y en una consulta “inapropiada” que impugnaron varias comunidades de Morelos.
La relatora de la ONU para pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alertó que los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general, sobre el aeropuerto Santa Lucía o el Tren Maya, “no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas”.
Las comunidades y organizaciones concluyeron que el “Gobierno federal y estatales deben poner fin a la persecución, violencia y operativos policiacos, militares y paramilitares contra quienes defienden sus territorios y sus comunidades”.
“Los pueblos originarios hemos resistido por cientos de años y no bajaremos ahora la guardia”.
