Este día empresarios del sector de la construcción, transporte y servicios se reunieron en el Congreso del Estado para demandar la intervención urgente del Poder Legislativo estatal para que el Gobierno del Estado, encabezado por Omar Fayad Meneses, transparente su actual mecanismo de licitaciones y libere recursos de obras y proyectos, toda vez que persiste un clima de sospecha y presunta actuación ilícita de funcionarios locales y alcaldes en los diferentes concursos públicos de obra.
En ese sentido, el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista González, señaló que existe la disposición para realizar un exhorto al Gobierno Estatal, así como la revisión y un análisis profundo de la Ley de Obra Pública, además de los candados que haya en los municipios.
Los demandantes aseguraron que hay proyectos autorizados para concursos por arriba de los 2,200 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAISM), donde se presume que autoridades municipales y funcionarios del estado están metidos en un conflicto de intereses, toda vez que utilizan prestanombres para la creación de empresas fantasma y sin experiencia reconocida o comprobada.
Además, dijeron que hasta el momento persiste el cobro de un porcentaje a cambio de asignar algún proyecto autorizado de obra; al tiempo que hay empresas hidalguenses que han participado hasta en 40 concursos de adjudicación consecutivos sin obtener proyecto alguno.
El Secretario de Actas y Acuerdos del Sindicato de la Construcción, Luis Alfonso Manjarrez, y el Secretario de Finanzas, Julio Flores García, revelaron que están a punto del colapso, “hoy estamos con las secuelas de la corrupción que no fue nuestra culpa, estamos en la lucha porque las obras sean entregadas de manera equitativa”, enfatizó.
“La primera iniciativa que buscamos es para que se proteja en algún porcentaje la cantidad de obra que se requiere en el estado de Hidalgo, solo queremos que tenga participación la máxima cantidad de empresas hidalguenses”, comentó que en conjunto con un cuerpo jurídico de colegiados trabajan en una iniciativa, así como de modificaciones a otras leyes que existen para regular el trabajo de los constructores en la entidad.
