2026: la encrucijada fiscal de México, cuando el gasto choca con la realidad
El Disidente
Antares Cervantes
México entra a 2026 con una paradoja fiscal que pocos analistas se atreven a simplificar: la estabilidad macroeconómica proclamada por autoridades convive con señales que apuntan a tensiones más profundas. El marco oficial proyecta un déficit fiscal de 4.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda equivalente a 52.3 % del PIB, niveles nunca antes vistos en la historia moderna del país.
Esa deuda que según análisis de México Evalúa superará los 20 billones de pesos en 2026 y significará una carga de alrededor de 151,000 pesos por ciudadano no se canaliza principalmente hacia inversión productiva, sino en buena medida hacia el pago de intereses y amortización de compromisos pasados. En cifras, el costo financiero de la deuda podría representar más de 4 % del PIB, superior al gasto en muchos sectores sociales clave.
El origen de esta tensión fiscal es múltiple. Por un lado, el gasto social ha crecido sin una base tributaria estructuralmente más amplia. Programas como las pensiones y apoyos a adultos mayores, becas o transferencias universales se han convertido en compromisos rígidos y recurrentes, cuya financiación depende cada vez más de endeudamiento y presión sobre una recaudación que no crece al ritmo necesario. Esto ha llevado a que, de cada 100 pesos de ingresos propios, 75 ya estén comprometidos para gastos ineludibles, según estimaciones recientes.
Por otro lado, la recaudación tributaria de México sigue siendo relativamente baja en comparación con economías de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en algunos análisis se estima en niveles cercanos al 16 % del PIB si bien el Paquete Económico de 2026 prevé ingresos totales del orden de 8.7 billones de pesos, la mayoría derivados de contribuciones y recursos petroleros, no de una estructura impositiva más progresiva.
En este contexto, el gobierno federal ha defendido la estrategia de endeudamiento, presentándola como necesaria para sostener programas sociales y evitar ajustes abruptos. Sin embargo, esta lógica tiene un límite: cada peso solicitado se destina más al servicio de la deuda que a inversión productiva, reduciendo el espacio fiscal para educación, salud o infraestructura esencial.
La presión para ’exprimir’ recaudación sin reforma fiscal, más auditorías, mayor cumplimiento tributario y ampliación de la base contributiva sin cambios estructurales, también ha sido señalada por economistas como un paliativo que puede afectar la inversión privada y la confianza empresarial si no se acompaña de crecimiento real del PIB.
Frente a esto, 2026 aparece como un año de transición crítica, no una crisis explosiva, pero sí una advertencia clara de que la sostenibilidad del gasto social y la capacidad del Estado para financiar sus compromisos dependen de decisiones que aún no se han tomado. Si la economía crece en torno a sus proyecciones moderadas entre 1.8 % y 2.8 % del PIB, la deuda puede mantenerse ’estable’, pero solo si se combinan reformas fiscales, crecimiento productivo y disciplina de gasto.
La encrucijada no es técnica, sino política: decidir entre postergar ajustes o fortalecer las bases económicas para que el desarrollo social no termine hipotecando el futuro. Y en 2026, esa decisión no admite postergaciones..
