Anexos: Secuestro disfrazado de ayuda
El disidente
Por: Antares Cervantes
En México existe una realidad incómoda que las autoridades prefieren ignorar: los llamados ’anexos’. Bajo la fachada de grupos de ayuda a alcohólicos o centros de rehabilitación, muchos de estos lugares son en realidad cárceles clandestinas, donde hombres y mujeres que en contra de su voluntad son privados de su libertad, golpeados, humillados e incluso abusados sexualmente. Todo esto ocurre mientras sus familias pagan cuotas que se convierten en un negocio redondo para quienes lucran con el dolor.
Lo más grave es que ninguna ley los ampara. Al contrario, la Constitución Mexicana, en su artículo 16, es clara: nadie puede ser privado de su libertad sin una orden judicial. Y el Código Penal sanciona con severidad la privación ilegal de la libertad, el secuestro, las lesiones y los abusos sexuales. Además, la NOM-028-SSA2-2009 establece que los centros de tratamiento de adicciones deben estar regulados, supervisados y autorizados por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS. La norma oficial que obliga a que existan médicos, psicólogos y personal certificado y capacitado en adicciones. En su lugar, operan exadictos o individuos sin preparación, resentidos con la sociedad, que piensan que maltratar a las personas, encerrarlas y contarles sus malas experiencias van a cambiar mágicamente la vida de los demás, y lo que es peor, lo hacen con métodos que rayan en la tortura. La mayoría de estos ’anexos’ no cumplen con las normas, no tienen especialistas y mucho menos rehabilitan.
El encierro forzoso nunca ha sido tratamiento. La ciencia lo confirma: la rehabilitación debe ser voluntaria y con respaldo médico. Lo contrario solo genera traumas, resentimiento y recaídas. De hecho, la propia CONADIC (Comisión Nacional contra las Adicciones) advierte que, sin atención profesional, la probabilidad de volver al consumo supera el 80%. ¿Dónde está entonces el supuesto éxito de estos centros?
La CNDH documentó en 2019 lo que las familias callan: golpes, humillaciones, violencia sexual y hacinamiento dentro de estos lugares. Algunos casos han terminado en tragedia, como la masacre en Irapuato, Guanajuato, en 2020, cuando un comando armado asesinó a 26 internos en un anexo. No eran pacientes, eran rehenes de un sistema sin control.
Entonces, ¿por qué siguen existiendo? La respuesta es dura: corrupción, indiferencia y abandono institucional. Se tolera lo intolerable. Municipios enteros saben de su operación y prefieren mirar hacia otro lado. Las familias, desesperadas por la adicción de un ser querido y sin recursos para clínicas privadas, caen en las manos de estos sitios, sin imaginar que entregan a sus hijos o hermanos a verdaderos centros de tortura.
Las autoridades de salud, procuración de justicia y derechos humanos tienen una deuda enorme con la sociedad. No basta con discursos; se necesitan operativos de clausura, sanciones penales y rescates inmediatos de víctimas.
Este es un llamado urgente: si usted fue víctima o conoce a alguien que lo fue, denuncie. La Fiscalía debe investigar los delitos de secuestro, lesiones y abuso. La COFEPRIS y las Secretarías de Salud estatales deben clausurar a los falsos centros. Las Comisiones de Derechos Humanos deben alzar la voz.
Los anexos no son rehabilitación. Son prisiones ilegales que se mantienen gracias al silencio cómplice de las autoridades. Y el silencio, en estos casos, también es un crimen.
