El empresario Manuel Castro Mercado interpone amparo contra la CNDH por falta de seguimiento
a su caso
Por: Juan Ricardo Montoya
Manuel Castro Mercado dueño de Motor Coach Industries lleva
7 años y medio recluido en el
Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Pachuca acusado del
supuesto homicidio de un obrero pese a que no hay ninguna
prueba en su contra.
Por falta de seguimiento de la recomendación 45/2014 emitida a su favor el empresario Manuel Samuel Castro Mercado, dueño de Motor Coach Industries, promovió un juicio de amparo indirecto en contra del Órgano Interno de Control (OIC) y de la Dirección de lo Contencioso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Castro Mercado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Pachuca desde hace siete años y medio acusado del homicidio del obrero José Matilde Cotonieto, pese a que, según su defensa, el sacerdote Alejandro Solalinde y exdiputados federales de Morena no hay pruebas en su contra.
La defensa del empresario afirmó que el caso ha estado plagado de irregularidades e inconsistencias cometidas por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) durante la administración estatal encabezada por Francisco Olvera Ruiz.
El 28 de enero de 2012 el obrero José Matilde Cotonieto murió por impacto de bala durante la irrupción de un grupo de ex trabajadores de Dina a las instalaciones de Motor Coach Industries ubicadas en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, Hidalgo.
Castro Mercado, quien fue inculpado del crimen pese a que no se encontraba en el lugar y no hay pruebas en su contra, reveló que antes de promover el juicio de amparo 538/2019 (radicado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México) en enero pasado había interpuesto una queja por el nulo seguimiento del cumplimiento de la recomendación emitida en 2014 contra funcionarios de la PGJH y Seguridad Pública (SP) estatal como médicos legistas, y ministerios públicos que presuntamente incurrieron en irregularidades encaminadas a inculparlo.
El 8 de marzo José Gilberto Espinosa Bravo, titular del área de quejas, denuncias y notificaciones del OIC de la CNDH le respondió que el 26 de febrero se había determinado dar por ’concluido el expediente de su caso […] sin elementos de posible falta administrativa’ según se lee en el ’comunicado de conclusión’ CNDH/OUC/AQDN/129/19.
Le recordó que se le había notificado en tiempo y forma la aceptación de la queja por parte de Francisco Olvera, así como el inicio de carpetas de investigación contra los funcionarios involucrados por dos denuncias administrativas interpuestas por la CNDH ante la Visitaduría de la PGJH y la Comisión de Honor y Justicia de la Coordinación de SP estatal además de una denuncia ante el Procurador de la entidad.
’Se dio cumplimiento a las acciones que correspondían realizar de manera directa a la CNDH’, dijo.
Mencionó la elaboración de los oficios CNDH/CGSRAJ/USR-3/948/2018 y CNDH/CGSRAJ/USR/5875/2018 fechados en febrero y septiembre de 2018 en los cuales el coordinador general de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos de la CNDH pidió a la PGJH las pruebas relativas del cumplimiento de la recomendación.
El funcionario destacó la elaboración de la Cédula de Seguimiento de Recomendación del 16 de agosto del 2016 en la que se informa que los puntos 1 y 4 (en los cuales se pide investigar la presunta responsabilidad de agentes del ministerio público y la aplicación de las sanciones correspondientes) fueron cumplidos parcialmente y de forma total los puntos 2, 3 y 5, resultando tres funcionarios de la SS sancionados tal como se pide en el apartado 2 y capacitación a funcionarios en materia de derechos humanos como se exige en el 5.
Finalmente, para Espinosa Bravo ’sí ha habido avance en el cumplimiento de la recomendación’ por lo que argumentó que ’no se cuenta con elementos que permitan acreditar una posible falta administrativa’ de la CNDH.
No obstante, Manuel Castro, en la relatoría del amparo, insistió en que no se ha dado el debido seguimiento.
Lamentó que el Área de quejas, denuncias y notificaciones de la CNDH ’con la mención de una cédula de seguimiento del caso del año 2016 pretende justificar su trabajo.
’Y de 2016 a 2019, ¿qué han hecho?, ¿qué avances se han tenido en esos años? No lo mencionan en la determinación’.
Calificó de ’patético’ el que según la CNDH, de 2016 a 2019, se hubieran girado dos oficios a la PGJH para que informara del avance de las averiguaciones previas, ’con lo que pretenden justificar su labor y como consecuencia encubrir al personal de la PGJH’.
Aseveró que ’llama la atención el falaz argumento que se da en esa resolución de que se dio cumplimiento a las acciones que corresponde realizar de manera directa a la CNDH’.
Agregó: ’Con todo lo anterior el OIC de la CNDH encubre la omisión en la que está incurriendo el personal del Área de Seguimiento de Recomendaciones de ese organismo, incumpliendo sus funciones establecidas en el artículo 37 del Reglamento Interno de esa Institución que señala que ese OIC deberá ejercer las facultades y atribuciones a que hacen referencia entre otras, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos’.
Señaló que se ha incumplido con la Recomendación General 16/2009 que establece que las averiguaciones previas se deben resolver en plazos razonables.
Caso Plagado de
Irregularidades
El empresario Manuel Samuel Castro Mercado, dueño de Motor Coach Industries, el 28 de enero cumplió siete años recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca acusado del supuesto homicidio de un obrero, el cual, hasta ahora, no le han comprobado, sostiene su abogado defensor, Juan Carlos Gálvez.
El jurista explicó que desde el inicio y hasta la actualidad, el proceso de Castro Mercado ha estado plagado de irregularidades, documentadas por las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, así como por diputados federales.
En las anomalías están involucrados exfuncionarios de la anterior administración estatal, encabezada por el priísta Francisco Olvera, y los ex titulares del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Valentín Chavarría Almanza y Juan Menes Llaguno.
Para Gálvez ’el proceso se ha visto envuelto en temas que dejan en descubierto que se trata de un preso político del estado de Hidalgo".
Pero no sólo el ex gobernador de Hidalgo ni sus ex colaboradores incurrieron en irregularidades que a la fecha mantienen en prisión a Manuel Castro, a pesar de que ’no hay ninguna prueba en su contra y a que la misma Cámara de Diputados federal tras un exhaustivo estudio jurídico ha exigido su liberación’.
Según la defensa del empresario, Óscar Gregorio Herrera, titular del Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito ha desechado de manera injustificada tres juicios indirectos de amparo solicitados por Castro Mercado, hecho por el cual "hemos tenido que recurrir al Consejo de la Judicatura federal.
El 28 de enero de 2012 el obrero José Matilde Cotonieto resultó muerto a balazos durante la irrupción de un grupo de ex trabajadores de Dina a las instalaciones de Motor Coach Industries ubicadas en lo que fue la armadora de camiones en el complejo industrial de Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco, encabezados por su líder Artemio Vázquez, ’El Pájaro’.
Los inconformes exigían a Castro el pago de una parte de lo que fue la planta de Dina, donde en 2011 se instaló Motors Coach Industries para ensamblar vehículos de origen chino.
En todo momento Castro Mercado presentó recibos y otros documentos en los que entre otras cosas demostró haber entregado el dinero a Artemio Vázquez quien, con algunos de sus incondicionales, han sostenido pero sin aportar ninguna prueba, haber visto al empresario ordenar a los custodios de la empresa disparar contra los ex trabajadores que irrumpieron en la planta.
Esta versión fue desmentida con un reporte de la policía estatal redactado el mismo día de los hechos, en el que se asegura que Castro fue localizado junto con uno de sus hijos y empleados en la bóveda de valores, ubicada en el interior de las oficinas de la dirección de la factoría, ante el temor de ser agredidos por El Pájaro y sus seguidores.
Tampoco fueron localizadas las armas de fuego supuestamente utilizadas en la agresión, ya que fueron sustraídas de la oficina del juez penal de Pachuca Ciro Juárez González.
Un video captado durante el intento de toma de la planta de lo que fue Dina aparece José Matilde Cotonieto tirado en el suelo atendido por algunos de sus compañeros. El cuerpo tal como se ve el video se encuentra rígido, ’tieso’.
Manuel Samuel Castro, señaló que el video es muy revelador ’ya que prueba de que José Matilde ya se encontraba muerto al momento en que la misma gente de Artemio Vázquez hizo los balazos con el fin de inculparme’.
Los exámenes periciales que se le practicaron al cadáver de José Matilde Cotonieto, arrojaron que el cuerpo presentaba rastros de pólvora más no en la ropa que el obrero vestía al momento de ser asesinado.
’Esa es otra prueba más de que ya José Matilde estaba muerto y que incluso Artemio Vázquez y su gente "plantó" el cuerpo en las inmediaciones de la planta. Yo hasta me atrevería a decir que ellos lo mataron’.
Relató que en una audiencia de su caso celebrada en marzo de 2015 se presentó a declarar el médico legista José Juan Manuel Ruiz Sánchez, quien afirmó que se había equivocado con el protocolo de necropsia que hizo al cadáver.
A pesar de que inicialmente había consignado haber encontrado rastros de pólvora en el cuerpo, en la audiencia Ruíz Sánchez aseguró que no había y que se había equivocado, lo cual para Castro ’es motivo suficiente para tirar el caso penal en mi contra’.
En junio de 2018 el grupo parlamentario de Morena en la pasada legislatura federal propuso un punto de acuerdo en el que se hizo un exhortó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y al Consejo de la Judicatura Federal para que resuelva el caso del empresario Manuel Samuel Castro con base a subsanar las evidentes violaciones al debido derecho ’así como la actuación dolosa en la que incurrieron jueces de Hidalgo’.
La entonces diputada federal de Morena, Norma Xóchitl Hernández Colín, fue la principal promotora del punto de acuerdo en el que se enumeraron irregularidades tales como el incumplimiento de los protocolos básicos que requiere toda indagatoria como el no alterar la escena del crimen; el haber trasladado de forma ilegal a Castro y a los custodios de la empresa a Pachuca cuando correspondía al Ministerio Público del distrito judicial de Apan seguir el curso de las investigaciones por haber ocurrido el supuesto crimen en su jurisdicción.
Asimismo, dilación en la presentación de los acusados y el haberles tomado sus primeras declaraciones sin la presencia de un abogado o defensor de oficio. El haber obtenido supuestas pruebas durante un arraigo por 40 días, las cuales posteriormente se ordenó a Porfirio Cruz, juez penal de Pachuca nulificarlas toda vez que el mantener detenido a un inculpado en casas de seguridad es ilegal pero que pese a eso, el juzgador se negó a acatar esa resolución.
Hernández Colín probó que los agentes del Ministerio Público asignados al caso ’no reunieron suficientes medios de prueba para acreditar los delitos imputados a los indiciados’; no obstante, el juez tercero de Pachuca, Ciro Juárez González -quien fue el primero en tener el caso en sus manos, mismo que después recayó en Porfirio Cruz -libró la orden de aprehensión contra Castro.
En el extenso análisis destacan otras irregularidades como la pruebas practicadas al empresario, donde no se comprobó que haya accionado un arma de fuego alguna el día de los hechos.
En la enumeración de las múltiples anomalías figura que las autoridades judiciales de Hidalgo no tomaron en cuenta la recomendación R-VGJ-0030-13, emitida en su momento por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo ni la 45/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En las dos recomendaciones se pide a las autoridades subsanar las irregularidades y emprender acciones en contra de sus elementos que desvirtuaron el debido proceso. Ambas recomendaciones no han sido acatadas a la fecha.
Ante todo el cúmulo de irregularidades, recientemente, Juan Carlos Gálvez, abogado de Castro, promovió dos juicios de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito del Vigésimo Noveno Circuito. Manuel Castro dijo confiar en los magistrados del Consejo de la Judicatura y de que la ’pesadilla’ de su encarcelamiento termine.
