Hidalgo 2025: cuando la transparencia se reconfigura y el poder se concentra
Nuestra entidad termina el 2025 con un hecho político y administrativo que marcará la gobernanza estatal para siempre: la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH). El organismo autónomo, creado para garantizar el acceso ciudadano a la información pública y supervisar la protección de datos personales, fue formalmente desincorporado y sus funciones transferidas a la Secretaría de la Contraloría estatal, en una decisión avalada por 24 votos en el Congreso local pese a la oposición de partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Este movimiento, lejos de ser un simple ajuste burocrático, representa una reconfiguración profunda de la supervisión pública en el estado.
El argumento oficial para esta decisión fue la optimización de recursos y la eliminación de duplicidades administrativas. El ITAIH contaba con un presupuesto asignado de alrededor de 19.6 millones de pesos para 2025; al desaparecer, esa partida y las funciones que representaba fue absorbida por la Contraloría, que asume ahora tanto la supervisión del acceso a la información como la vigilancia interna del gasto público y la protección de datos personales. Según legisladores que respaldaron la iniciativa, la incorporación de los 37 trabajadores del instituto a la Contraloría permitirá preservar los derechos laborales y mantener las funciones esenciales sin recortes de personal.
Pero más allá de las cifras y los ajustes administrativos, la decisión ha generado inquietud entre especialistas y organizaciones de la sociedad civil que ven en la autonomía un componente clave de cualquier sistema de rendición de cuentas. Los organismos autónomos como el ITAIH y su contraparte federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fueron concebidos precisamente para actuar como contrapesos institucionales al poder político, sin depender directamente de las secretarías de Estado, ejecutivos o estructuras internas del gobierno.
Críticos de la medida han señalado que trasladar esas funciones a la Contraloría, dependiente del Ejecutivo, reduce la independencia de la supervisión pública y concentra en un solo órgano la vigilancia del gasto, la gestión de la información y la protección de datos personales. En una democracia que se ha esforzado por consolidar mecanismos de transparencia ante episodios de opacidad y sospechas de conflicto de interés, la transición de funciones no es menor: es una transformación institucional con implicaciones políticas y sociales.
La narrativa oficial sostiene que la transparencia no desaparece, sino que se ’integra’ en estructuras existentes para elevar la eficiencia. Pero hay una diferencia tangible entre eficiencia y autonomía. Un órgano interno, por más profesional que sea, opera bajo la misma lógica de la estructura gubernamental que debe vigilar; uno autónomo, en teoría, actúa con mayor libertad para exigir rendición de cuentas sin interferencia directa de intereses de poder.
Este cambio se inscribe también en una tendencia nacional más amplia: la reconfiguración del INAI a nivel federal, cuyas facultades se están diluyendo en otras dependencias gubernamentales. En ambos casos, la lógica de concentración de funciones plantea un desafío: ¿cómo garantizar que el acceso a la información y la protección de datos personales permanezcan intactos cuando la vigilancia recae en los mismos órganos que generan esa información?
Para el ciudadano promedio, la desaparición del ITAIH puede pasar inadvertida en el día a día. Pero para quienes estudian la gobernanza democrática, la transparencia no es un dato técnico: es un derecho ciudadano fundamental. Su debilitamiento puede traducirse en menor acceso a información pública, menos mecanismos de fiscalización independientes y una mayor dificultad para que la sociedad civil pueda cuestionar o supervisar decisiones gubernamentales.
El 2025 fue, así, un año en el que se consolidó el relato de eficiencia administrativa en Hidalgo. Pero también sembró preguntas sobre el futuro de la supervisión pública. El balance de este cambio no se verá hoy ni mañana: se verá cuando las nuevas estructuras enfrenten sus primeras grandes pruebas de transparencia, acceso a la información y protección de datos. En ese momento, se sabrá si este ajuste fue una transformación efectiva… o un retroceso para la rendición de cuentas en la entidad.
