La senadora Cecilia Sánchez García busca la protección de los manglares de México


Estos ambientes actúan como sistemas naturales de control de inundaciones, huracanes e intrusión salina; controlan la erosión y protegen las costas

La senadora Cecilia Sánchez García busca la protección de los manglares de México

Medio ambiente

Agosto 08, 2019 17:35 hrs.
Medio ambiente Nacional › México Campeche
Redacción Líderes Políticos › Líderes Políticos

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Cecilia Sánchez busca la protección de los manglares de México

Estos ambientes actúan como sistemas naturales de control de inundaciones, huracanes e intrusión salina; controlan la erosión y protegen las costas

La senadora Cecilia Margarita Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche para que coordinen y refuercen las políticas para frenar el saqueo y deforestación de los manglares a lo largo del litoral del estado, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.

La legisladora resalta que los manglares son importantes desde el punto de vista biológico, económico y social, al ser zonas de alimentación, refugio y crecimiento de crustáceos y alevines que funcionan como hábitat de apoyo a las pesquerías de la plataforma continental, por lo que sostienen una elevada producción pesquera; son fuentes leña para el hombre y poseen un alto valor estético y recreativo.

Además, explica, los manglares actúan como sistemas naturales de control de inundaciones en la zona costera, así como barreras contra huracanes e intrusión salina; controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico removiendo nutrientes y toxinas.

Una estimación del Banco Mundial señala que, si los manglares no existieran, 18 millones de personas sufrirían los impactos de las inundaciones anualmente, lo que representaría daños por 82 mil millones de dólares, aproximadamente un billón 550 mil 948 millones de pesos.

Asimismo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) señala que de los 125 países que tienen manglares, México es uno de los cinco con mayor extensión con 774 mil 90 hectáreas, distribuidas en las costas de 17 estados, lo que representa el 5 por ciento de la cobertura total mundial.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) el 54% de los manglares de México están en la Península de Yucatán con 421 mil 926 hectáreas.

Cecilia Sánchez explica que entre las alteraciones humanas se pueden citar las pérdidas creadas por la conversión de manglares a zonas de ganadería, camaronicultura, agricultura, urbanización (principalmente desarrollos turísticos) y usos forestales, los impactos resultantes del vertimiento de aguas negras, lavado de tierras agrícolas, impacto directo del desarrollo urbano y la construcción de canales, diques y caminos.

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, de 1980 a 2015, Campeche perdió 18 mil 116 hectáreas de mangle al pasar de 215 mil 969 hectáreas a 198 mil 8532.

La también secretaria de la Comisión de Turismo dijo que, uno de los municipios más afectados es Champotón, donde han sido saqueadas 31 hectáreas de arena y mangle durante los últimos 14 años ante la inacción de gobiernos locales y federales.

Los ambientalistas y organizaciones defensoras del medio ambiente han manifestado su preocupación ante la problemática, pues, el saqueo de arena, además de la indiscriminada tala de mangle, ha permitido que el mar ingrese a tierra firme debilitando la principal barrera protectora en contra de fenómenos meteorológicos.

En lo que respecta a la normatividad mexicana, concluyó, se destaca que la NOM-059-SEMARNAT-2010 incluye a las cuatro especies de manglares (Rhízophora mangle, Conocarpus erecta, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa) en la lista de especies en riesgo, clasificándolas bajo la categoría de ’amenazadas’.

Por ello, señala como obligación de las autoridades correspondientes el garantizar el respeto a las leyes que tienden a proteger el medio ambiente, implementando las estrategias que reviertan los daños causados y controlen sus efectos a largo plazo.

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