La igualdad del hombre: el vacío pendiente
En México y en otros países se han creado fiscalías y unidades especializadas para atender delitos contra mujeres, niñas, niños, personas LGBTIQ+ e incluso para investigar maltrato animal. Ejemplos claros son la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales que cuentan con áreas de género o diversidad sexual, así como dependencias enfocadas en protección de menores. La lógica detrás de esta segmentación es conocida: atender violencias históricamente subestimadas y garantizar acceso efectivo a la justicia.
Los datos explican parte del contexto. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 70 % de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En materia de homicidio doloso, los hombres representan la mayoría de las víctimas, superando el 85 %, pero en delitos como violencia familiar o sexual, las mujeres y menores concentran la mayor incidencia. La creación de fiscalías especializadas responde, en principio, a patrones diferenciados de victimización.
Sin embargo, surge una pregunta legítima: si la mayoría de las víctimas de homicidio son varones, ¿por qué no existen fiscalías específicas para hombres?. La respuesta institucional suele ser que la justicia debe ser universal y que los hombres no constituyen un grupo vulnerable en términos estructurales. Aun así, el debate no es trivial. También existen problemáticas que afectan de forma particular a los varones: altas tasas de suicidio, exposición a violencia letal y escasa atención a violencia intrafamiliar cuando ellos son víctimas.
El discurso de equidad no implica idéntico tratamiento para todos, sino atención diferenciada según riesgos y contextos. Pero la percepción social de desequilibrio puede crecer cuando ciertos sectores sienten que su situación carece de visibilidad. El desafío está en evitar que la política pública se perciba como competencia de agravios.
Más que eliminar fiscalías especializadas, el reto podría ser fortalecer mecanismos integrales que atiendan cualquier forma de violencia, sin importar sexo o identidad, y asegurar que ningún ciudadano quede fuera del sistema por razones culturales o prejuicios. La igualdad ante la ley es un principio constitucional; la equidad es una herramienta para alcanzarla.
Plantear la discusión no es negar derechos a unos, sino preguntarse si el modelo actual cubre todas las realidades. La justicia, para ser creíble, debe ser sensible a las diferencias, pero también incluyente en su alcance.
