Respalda PRI controversia constitucional contra acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública


Este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional

Respalda PRI controversia constitucional contra acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública
Política
Junio 21, 2020 10:32 hrs.
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Redacción Líderes Políticos › Líderes Políticos

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Respalda PRI controversia constitucional contra acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias, afirma.

El Grupo Parlamentario del PRI manifestó su respaldo a la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández contra el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, hasta el 2024.

’Este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país’,aseveró la bancada en un comunicado.

Sostuvo que el objetivo de esta administración de pacificar al país, no puede pasar por encima de la Constitución, las leyes, los tratados internacionales de los que México es parte, ni de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin ningún tipo de contrapeso.

’La reforma constitucional no fue un cheque en blanco para que se use una facultad sin controles o se hagan interpretaciones a modo de la Carta Magna. Seguimos a favor de que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad, pero seguros de que su actuación está apegada al marco constitucional que exige que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’, apuntaron los diputados priistas.

Confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como máximo intérprete constitucional, dará cauce legal a la controversia que surge de este acuerdo del Ejecutivo Federal.

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