Responsabilidad presupuestaria para garantizar un uso correcto de los recursos públicos
La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Hidalgo analizó este miércoles dos iniciativas con proyecto de decreto relacionadas con la reasignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025, y determinó desecharlas al no cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente.
Durante la sesión, se revisaron dos propuestas: la primera buscaba reformar el decreto 27-LXVI para reasignar 800 millones de pesos en favor de los municipios de Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto, afectados por inundaciones; la segunda pretendía destinar 1,500 millones de pesos a los municipios impactados por el huracán Priscila.
Tras el análisis técnico y normativo, las diputadas y diputados resolvieron que ambas iniciativas no podían aprobarse debido a que carecían de sustento financiero y de los estudios técnicos exigidos por la ley. En particular, no cumplían con lo dispuesto en el artículo 18 Bis de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, que obliga a toda propuesta de incremento de gasto a indicar su fuente de ingresos o las reducciones compensatorias, ni con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que exige una estimación del impacto presupuestario de cualquier modificación financiera.
Las propuestas solo incluían cifras globales, sin detallar qué programas presupuestarios serían ajustados ni cómo afectaría esto al equilibrio general del gasto público. Esta falta de información impedía garantizar que no se vulneraran programas prioritarios o de alto impacto social.
Durante la discusión, las y los legisladores coincidieron en que las iniciativas tenían un propósito socialmente válido, pero subrayaron que no pueden aprobarse ’de forma improvisada ni sin sustento técnico’. Señalaron que toda modificación presupuestaria debe regirse por el equilibrio financiero, la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Asimismo, se destacó que será necesario esperar la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, donde el Ejecutivo estatal podrá incorporar las previsiones financieras necesarias para atender a los municipios afectados por fenómenos naturales recientes.
Finalmente, la Comisión enfatizó que la decisión no obedece a falta de voluntad o empatía, sino al cumplimiento de las leyes que garantizan la correcta administración del gasto público.
’No se trata de una falta de sensibilidad, sino de responsabilidad técnica. Las iniciativas no cumplían con los requisitos sobre la fuente de financiamiento ni el origen de los recursos. Los municipios afectados no están solos; cuentan con la atención y la ruta de acción trazada por los gobiernos federal y estatal’.
