Será un delito que los servidores públicos no cumplan con sus funciones.
Lo aprobó así el día de hoy el Congreso del Estado de Hidalgo por iniciativa de la Diputada Claudia Lilia Luna Islas.
Con la finalidad de salvaguardar el correcto ejercicio del servicio público, se consideró necesario adicionar la fracción XI del artículo 301, el Capítulo III BIS del Título Décimo Sexto del Libro Segundo, el artículo 301 BIS y la fracción IV y un párrafo segundo al artículo 309 TER del Código Penal para el Estado de Hidalgo, para se conceptúe como un acto de abuso de autoridad, la omisión de realizar el registro inmediato de la detención de una persona o el registro de datos falsos. De igual forma, se tipifica el delito de incumplimiento de un deber legal para sancionar al servidor público que, sin causa justificada, deje de cumplir con las funciones que le fueron conferidas, con una pena de uno a seis años de prisión y multa de 20 a 100 días.
Asimismo, se definió como una conducta constitutiva del delito el uso ilícito de atribuciones y facultades, incluyendo el actuar del particular que en su carácter de contratista, permisionario, asignatario o titular de una concesión para la prestación de un servicio público o para el uso de bienes del dominio del Estado o de los Municipios, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero, oculte o genere información falsa respecto de los rendimientos o beneficios que obtenga; así como de la persona que, a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio o el servicio público o de otra persona, participe, solicite o promueva la perpetración de cualquier conducta que implique un uso ilícito de atribuciones y facultades.
