"El que gane en el Gobierno federal menos de 20 mil pesos [mensuales] va a tener aumento de sueldo. El que gane más de 100 mil, ¡para abajo! Esa es la fórmula’, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en octubre del año pasado, día en que se comprometió con 1.3 millones de funcionarios públicos federales que, de acuerdo con cifras (2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), tienen ingresos inferiores a 20 mil pesos mensuales.
A mediados de junio de 2019, los titulares de las secretarías de Hacienda y del Trabajo ejecutaron la promesa del ahora Presidente de México. Entonces anunciaron que los funcionarios a nivel federal con salarios mensuales inferiores a 16 mil 700 pesos tendrían un aumento salarial de entre uno y tres puntos porcentuales, además del incremento proporcional a la inflación general (4.3 por ciento, según el Banco de México).
Dos días después del anuncio oficial, parte de la base de burócratas sindicalizados, que aporta un total aproximado de 1.04 millones de personas a la Administración Pública Federal, rechazó la propuesta y se alzó en demanda de un incremento salarial de 7.5 por ciento para los trabajadores de menores ingresos.
La demanda de aumento salarial por parte de los trabajadores del Estado no es menor. Si la base laboral exige un 7.5 por ciento neto, el incremento solicitado sería 25 por ciento superior al aumento promedio anual (seis por ciento) del salario mínimo en México, durante los últimos 19 años. Si además del 7.5 por ciento los trabajadores exigen el ajuste inflacionario (casi 12 por ciento en total), el incremento sería 96.7 por ciento superior a la del salario mínimo general.
La exigencia no sólo responde a las promesas de campaña del Presidente AMLO. También es consecuencia de las necesidades de poder adquisitivo de la población mexicana –entre ellos los burócratas de más bajo nivel operativo– por el aumento natural en el costo de bienes y servicios en el país, de acuerdo con el contador José Juan Lazo Sarmiento, vocero de la Comisión Técnica de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Sin embargo, el problema de la negociación actual es que ’el Gobierno no tiene recursos suficientes para dar aumentos de salario y además atender todos los programas sociales’. Por ello, Lazo Sarmiento consideró ’complicado’ que el Gobierno acepte un incremento de 7.5 por ciento, además del ajuste inflacionario, toda vez que el presupuesto disponible para ello quedó establecido en 3.5 mil millones de pesos, con la finalidad de no generar erogaciones adicionales.
El contador del CCPM refirió al respecto que también existe el riesgo de un efecto dominó. Si el Gobierno cede y cumple con la demanda de la base sindical a nivel federal, ’todos los obreros’ del país podrían quejarse porque a ellos, aunque este año les tocó un aumento generalizado de 14 por ciento por el incremento al salario mínimo, no obstante, suelen tener incrementos menores (nueve por ciento anual en promedio, durante 2015-2018).
’En este momento lo que se está buscando con una nueva política […] es hacer más eficiente la administración pública, en el sentido de que el funcionario sea más responsable, con un gasto eficaz para el sostenimiento de la economía [nacional]. Es otro estilo de gobierno el que está iniciando con esta administración’, que tendrá que cuidar el balance entre las reducciones y los aumentos salariales, o el ’tira y afloja’ de los últimos seis meses, para evitar conflictos, dijo Lazo Sarmiento.
El contador añadió que ’lo que hace falta realmente, es que se defina bien el proyecto de desarrollo económico. Hay mucha inconformidad porque el Gobierno no tiene una directriz bien cimentada’. Esto, aunque ’desde el punto de vista contable no se puede definir’, empero, en México la contabilidad de la administración pública cuenta con las bases ’para definir y en algún momento medir [adecuadamente] el ingreso y el gasto públicos, en función a lo que se presupuesta’.
Con la ejecución de los mecanismos actuales, las negociaciones como aquellas relativas al ’Capítulo 1000’ de servicios personales de los funcionarios públicos podrían tener justificación oportuna, con base en las necesidades económicas y en función del poder adquisitivo. Un principio aplicable tanto para los burócratas, como para los trabajadores en general.
EL “ESTIRA Y AFLOJA”
La exigencia de los trabajadores gubernamentales es una demanda para elevar el piso mínimo salarial de la base gubernamental, y por otro lado, una demanda de restitución de los salarios afectados con el nuevo esquema de percepciones para servidores públicos (DOF: 31/12/2018), con un aumento superior a la inflación general en el país.
A partir de diciembre del año pasado, el Gobierno federal adoptó medidas que barrieron la escalera salarial de arriba hacia abajo, empezando con decrementos de 10 y 27 por ciento reales a las percepciones mínimas y máximas salariales netas del Presidente de la República y del personal de mando (secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, enlaces y jefes de unidad y departamentales).
Los datos de los presupuestos de Egresos de la Federación de 2018 y 2019 también indican que los ajustes para este año tuvieron dos consecuencias principales. Una fue el aumento promedio de 7.6 por ciento del salario mínimo para puestos operativos y de funcionarios especializados con remuneraciones específicas o de “categoría”; y otra fue la reducción promedio de cuatro puntos porcentuales al tope máximo salarial de dichos puestos.
Esto es consecuente con las políticas de austeridad del Gobierno en turno, dirigidas a recortar el gasto y la estructura de “confianza” de la Administración Pública Federal, además de reducir la brecha salarial a favor de la base con menores ingresos, en un entorno presupuestario en que la percepción salarial promedio de los altos funcionarios es 22.7 veces mayor al Producto Interno Bruto (PIB) per capita del país, así como 2.2 veces superior al promedio salarial (seis veces el PIB per capita) de la alta dirección gubernamental en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las cifras del Inegi (2016) y del portal gubernamental RHNet (2019) indican que el personal de confianza (un aproximado de 260 mil 461 personas) que incluye los puestos de mando, constituye el 16.3 por ciento de la plantilla federal. En cambio, el 65 por ciento de los funcionarios (1 millón 040 mil 033 personas) está sindicalizado y el 18.6 por ciento restante concentra tanto a militares (279 mil 010 elementos) como a personal por honorarios (18 mil 089 trabajadores). De todos ellos, el 83 por ciento gana menos de 20 mil pesos al mes.
EL COSTO BUROCRÁTICO
Los 1.3 millones de funcionarios públicos federales con menores ingresos forman parte de las 5.2 millones de personas que trabajan de manera “directa” o “indirecta” para los distintos órdenes de Gobierno a nivel nacional. Esta cifra incluye tanto al personal de las secretarías de Estado, las empresas paraestatales y los organismos gubernamentales (servicios directos), así como al personal de carácter “transitorio” y “esporádico” (servicios indirectos).
En el primer trimestre de este año, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador erogó 154 mil 100 millones de pesos para el pago de nómina y beneficios coligados de los servicios personales directos (funcionarios públicos). Además, la actual administración devengó 115 mil 964 millones para el pago de servicios personales indirectos (plantilla temporal), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda.
La suma total de ambos gastos (270 mil 064 mdp) es equiparable al 20 por ciento del gasto neto ejercido por el Gobierno federal entre enero y marzo de 2019. Inclusive los pagos de este año, relativos al “Capítulo 1000” presupuestario, son 0.5 por ciento superiores a los del primer trimestre del año pasado, cuando el Gobierno erogó 269 mil 262 millones de pesos.
Pese al incremento de este año, el gasto en servicios personales (en general) durante el primer trimestre de cada año desde el 2000, presenta una tendencia a la baja (-0.63 por ciento) como proporción del gasto neto ejercido en tres meses. Lo mismo sucede con el gasto anual.
Entre los sexenios de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el costo monetario del aparato burocrático fue tres veces mayor (pasó de 392 mmdp a 1.2 billones de pesos). Sin embargo, su proporción como parte de los egresos totales por año fue 9.9 por ciento real menor. En el año 2000, los servicios personales (directos e indirectos) acapararon el 31.6 por ciento del presupuesto anual. Al cierre de 2018, este tipo de gasto representó el 21.7 por ciento del presupuesto federal.
Por otro lado, la información disponible del Inegi refiere que, de 2003 a 2016, el Estado mexicano sumó a sus filas a 884 mil 636 personas. Esto quiere decir que, en un lapso de 13 años, la burocracia nacional aumentó en 18.8 por ciento real (pasó de 4.3 a 5.2 millones de trabajadores directos e indirectos).
El mayor incremento se dio durante el sexenio (2006-2012) del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, con un crecimiento promedio anual de dos por ciento, equivalente a 88 mil 621 plazas adicionales por año. Sin embargo, durante los años de gobierno de Fox y de Peña, la burocracia creció a un ritmo promedio anual de 0.9 puntos porcentuales; o bien, con un promedio de 41 mil 755 plazas adicionales cada año.
LA MASA DE TRABAJADORES
No obstante el aumento del tamaño de la burocracia mexicana en los últimos años, hoy en día existe la misma tasa de funcionarios públicos por cada 100 habitantes (4.2) que en 2003. Esto quiere decir que el ensanchamiento del aparato gubernamental fue proporcional al crecimiento demográfico, sin que por ello el país dejara de tener un amplio cuerpo burocrático.
En promedio entre 2003 y 2019, el 10.3 por ciento (4.9 millones de personas) de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada de México trabajó para una instancia gubernamental, de acuerdo con cifras del Inegi y de la Secretaría del Trabajo. Esto coincide con los datos internacionales (Banco Mundial, OCDE, OIT) que indican que entre el 11 y el 15 por ciento del empleo total nacional (PEA ocupada) es de orden público.
